Vivienda, desigualdad y disputa política en América Latina
Durante décadas, comprar una casa fue una de las expresiones más tangibles de la movilidad y el contento social: el resultado de trabajar, ahorrar y construir cierta estabilidad para la unidad familiar. Hoy, para una parte importante de los hogares, esa promesa se enfrenta a un examen de fondo: ¿los ingresos alcanzan para pagar una vivienda digna sin comprometer el resto de la vida económica?
La pregunta es económica, pero también política. La vivienda concentra el costo del suelo, el acceso al crédito, la distribución de oportunidades y la capacidad del Estado para planear y construir ciudades. Cuando el sueño de la “casa propia” parece cada vez más lejano, la frustración puede trasladarse a las instituciones y a los partidos que prometen representar a la ciudadanía. Eso no significa que la crisis habitacional explique por sí sola el avance de las derechas latinoamericanas; pero, sí significa que ignorarla deja incompleta cualquier explicación del malestar social.
En México, el Índice SHF de Precios de la Vivienda reportó que el valor de las viviendas adquiridas mediante crédito hipotecario aumentó 8.7% durante 2025. El valor promedio de avalúo fue de 1,863,965 pesos y la mediana de 1,209,189 pesos (Sociedad Hipotecaria Federal [SHF], 2026).1 Son cifras útiles, pero deben leerse con cuidado: describen operaciones de vivienda valuadas en el marco del mercado hipotecario, no el precio de todas las viviendas existentes ni el monto que un hogar típico puede pagar. La presión tampoco se distribuyó de manera uniforme. La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala registró una apreciación anual de 8.7% en 2025, mientras Guadalajara reportó11.3% y Monterrey 9.4% (SHF, 2026). Para ciudades en expansión, el desafío consiste en que la vivienda no solo exista, sino que esté cerca del empleo, del transporte, de las escuelas y de los servicios. Una casa barata en la periferia puede terminar siendo cara si obliga a gastar varias horas y una parte sustancial del ingreso en traslados.
La tensión de fondo es conocida, aunque sus consecuencias cambian según el país y la ciudad: una vivienda es un lugar de uso propio y, al mismo tiempo, un activo que puede aumentar de valor, servir como garantía de crédito o formar parte de una estrategia de inversión. El problema no es que una familia busque preservar su patrimonio ni que toda inversión inmobiliaria sea especulativa. El problema aparece cuando la lógica de rentabilidad desplaza sistemáticamente las necesidades de quienes requieren un lugar asequible donde vivir.
Desde la doctrina, la vivienda adecuada no se agota en la existencia física de cuatro paredes ni en la titularidad formal de un inmueble. La interpretación constitucional y convencional incorpora dimensiones como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y ubicación. Esta concepción permite desplazar el debate desde el número de unidades construidas hacia las condiciones efectivas en que las personas pueden habitar, y desarrollar su vida. Trejo González (2024)2 al estudiar la jurisprudencia de la Suprema Corte, destaca que el artículo 4° constitucional debe leerse a la luz de los estándares internacionales sobre vivienda adecuada.
En México: el crédito no resuelve por sí solo el acceso.
El Infonavit ocupa una posición central en el sistema mexicano porque conecta el ahorro habitacional de las personas trabajadoras formales con mecanismos de financiamiento para adquirir vivienda. Ese papel es valioso, pero también muestra una limitación estructural: el acceso a los esquemas ligados al empleo formal puede ser más difícil para quienes alternan periodos de trabajo, tienen ingresos variables o se desempeñan en la informalidad. La doctrina también ha advertido una tensión entre el mandato de facilitar crédito accesible a las personas trabajadoras y las condiciones reales de financiamiento. Medina Conde y Flores Ilhuicatzi (2019)3 examinan el derecho a la vivienda desde el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 123 constitucional y la Ley del Infonavit, planteando la necesidad de contrastar el mandato jurídico del crédito barato con las condiciones efectivas del crédito. Esta discusión importa porque el derecho a la vivienda no puede evaluarse exclusivamente a partir de la existencia de un producto financiero: debe analizarse si el instrumento permite acceder a una vivienda adecuada sin imponer una carga desproporcionada.
El desgaste político
¿Qué tiene que ver todo esto con el avance de las derechas? No existe una respuesta automática. Las preferencias electorales dependen de múltiples factores: seguridad, identidad, religión, corrupción, expectativas económicas, liderazgo, medios de comunicación y evaluación del gobierno. La dificultad para comprar una casa no convierte necesariamente a una persona en votante de izquierda, del mismo modo que recibir un apoyo social no determina su identidad política.
Pero la vivienda sí permite observar una brecha que afecta a cualquier proyecto de gobierno: la distancia entre las promesas de bienestar y la experiencia cotidiana. La izquierda enfrenta aquí una tarea de renovación. Defender el derecho a la vivienda no puede limitarse a anunciar programas ni a suponer que el Estado siempre asignará recursos con eficacia. Debe construir una política que combine producción suficiente, suelo bien localizado, financiamiento sostenible, regulación eficaz y rendición de cuentas. También necesita reconocer que los hogares quieren seguridad, tiempos de traslado razonables, servicios y certidumbre patrimonial, no solamente una escritura o una mensualidad subsidiada.
Una agenda progresista de vivienda debería partir de objetivos medibles. Primero, ampliar la oferta de vivienda asequible donde existe empleo y transporte, evitando que la expansión urbana reproduzca segregación. Segundo, fortalecer opciones de alquiler formal y seguro, con reglas claras para arrendadores e inquilinos. Tercero, mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que los nuevos desarrollos cuenten con agua, movilidad, escuelas y servicios. Cuarto, diseñar financiamiento que responda a trayectorias laborales diversas, sin ocultar riesgos ni trasladar a las familias deudas que no pueden sostener. La vivienda es una prueba concreta de la promesa democrática: “El trabajo y la participación en la economía permiten construir una vida segura y cómoda”. Cuando esa expectativa se aleja, no solo se deteriora el bienestar; también se abre un espacio para que distintos proyectos políticos disputen la explicación del problema y la solución.
La comparación latinoamericana puede ayudar, siempre que no se convierta en una competencia superficial entre modelos nacionales. Las diferencias en ingresos, urbanización, informalidad, suelo y capacidad institucional impiden copiar mecánicamente una política. Lo útil es identificar qué instrumentos funcionan, para qué población, en qué condiciones y con qué costos. El debate no debería terminar en si el Estado o el mercado deben ganar una disputa abstracta. Debe empezar por algo más exigente: qué combinación de instituciones, inversión, regulación y financiamiento permite que más personas accedan a una vivienda adecuada sin sacrificar su seguridad económica. Porque el verdadero indicador de progreso no es solo cuánto aumenta el valor de las casas, sino cuántos hogares pueden habitar una sin quedar excluidos de la ciudad ni hipotecar su futuro.
1 Sociedad Hipotecaria Federal, Índice SHF de precios de la vivienda en México, cuarto trimestre de 2025, Gobierno de México, 10 de febrero de 2026, disponible en: https://www.gob.mx/shf/articulos/indice-shf-de-precios-de-la-vivienda-en-mexico-cuarto-trimestre-de-
2 Trejo González, L. C. (2024). El derecho humano a la vivienda en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 25(51), e19030. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2024.51.19030
3 Ana Laura Medina Conde y Uziel Flores Ilhuicatzi, “Argumentación jurídica del derecho humano a la vivienda en México”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 28, 2019, DOI: 10.22201/iij.24487899e.2019.28.13146
Referencias
Ana Laura Medina Conde y Uziel Flores Ilhuicatzi, “Argumentación jurídica del derecho humano a la vivienda en México”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 28, 2019, DOI: 10.22201/iij.24487899e.2019.28.13146 Cisneros-Yescas, I., “Nuevas derechas, crisis de representación y transformación democrática en América Latina”, Estudios Sociológicos, vol. 44, 2026, disponible en: https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/es/article/view/3128
Díaz Pérez, A., “Los vacíos en la protección del derecho a una vivienda adecuada”, Hechos y Derechos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 28 de febrero de 2018, disponible en: https://repositorio.unam.mx/contenidos/los-vacios-en-la-proteccion-del-derecho-a-una-vivienda-adecuada-17471?c=Az2pqq&d=false&q=*:*&i=26&v=1&t=search_0&as=0
Sociedad Hipotecaria Federal, Índice SHF de precios de la vivienda en México, cuarto trimestre de 2025, Gobierno de México, 10 de febrero de 2026, disponible en: https://www.gob.mx/shf/articulos/indice-shf-de-precios-de-la-vivienda-en-mexico-cuarto-trimestre-de-2025-1.
Trejo González, L. C., “El derecho humano a la vivienda en la jurisprudencia de la Suprema Corte”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, vol. 25, núm. 51, 2024, e19030, disponible en: https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2024.51.19030