Entre lo normativo y lo real: el caso de Edith Guadalupe como espejo del sistema judicial mexicano

‍ El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Záldivar, una joven de 21 años que salió de su casa en busca de trabajo y fue encontrada asesinada dos días después en un sótano de la alcaldía Benito Juárez, ha vuelto a encender una alarma que parece sonar todos los días: en México, el sistema jurídico no está hecho para proteger a las mujeres. La secuencia de hechos revela negligencia, tardanza y omisiones que no pueden atribuirse a un funcionario aislado, sino a una estructura completa que falla donde más importa.

‍La familia denunció retrasos injustificados en la búsqueda, incluso cuando proporcionó la ubicación en la que se perdió el rastro de Edith, lo que llevó a una espera de más de quince horas antes de que se iniciaran acciones efectivas. También, por parte de sus familiares, se señalaron intentos de extorsión por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La escena se preservó de forma deficiente y los protocolos no se activaron con la urgencia exigida por el caso.

Estos patrones no son nuevos: casos como los de Lesvy Berlín Rivera Osorio o Ariadna Fernanda López Díaz ya habrían exhibido fallas similares. Lo que diferencia a Edith no es su historia, sino que su historia se repite demasiadas veces.

i. Un país donde la impunidad es regla, no excepción

El feminicidio no es un incidente aislado en México, sino parte de un fenómeno estructural. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, se habrían iniciado 4,523 carpetas de investigación de feminicidio, consumados o en grado de tentativa, de los cuales tan solo 679 (el 15% del total de casos) se habrían judicializado (INEGI; Romero Mireles, 2026).

En la práctica, esto significa que la mayoría de los agresores camina libremente, como si nada hubiera pasado. A pesar de contar con fiscalías especializadas, alertas de género y protocolos “homologados”, la implementación es sumamente frágil.

Las búsquedas inmediatas suelen iniciar tarde; la coordinación interinstitucional es mínima; los Ministerios Públicos carecen de capacitación real en perspectiva de género; y persisten prácticas misóginas y revictimizantes que alteran, retrasan o estropean por completo las investigaciones. Esto demuestra que la violencia feminicida sigue siendo una crisis grave en nuestro país y que el acceso real a justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo limitado.

ii. La reforma judicial: cambios que no tocan el fondo

‍En este contexto, el gobierno federal ha impulsado una reforma judicial presentada como necesaria para garantizar justicia y combatir la impunidad. Sin embargo, el foco de la discusión se ha centrado en quién elige a juecxs y magistradxs, cómo se reorganizan los órganos y qué facultades adquiere cada poder. El problema es que ninguno de esos cambios toca los puntos donde el sistema falla todos los días.

Las omisiones estructurales están en otro lado: en las fiscalías que no investigan (o que te cobran “su mochada” para que hagan su trabajo), en las policías que no buscan, en los protocolos que se activan tarde, en la falta de control interno para sancionar negligencias, en la ausencia de profesionalización real. Es ahí donde mueren las posibilidades de justicia para mujeres como Edith.

En marzo de 2026, el Gobierno Federal presentó una iniciativa para crear una Ley General que homologue el delito de feminicidio en todo el país, con penas severas y protocolos uniformes, lo que en teoría representaría un avance normativo “importante” (Flores Ramírez, 2026).

‍Esta propuesta busca estandarizar la definición, sanciones y la investigación del delito en todo el territorio nacional para reducir la fragmentación legal entre entidades, un problema que por años ha dificultado la persecución penal eficaz. Sin embargo, el desfase entre la letra de las leyes y su aplicación práctica es evidente.

‍ En el caso de Edith Guadalupe, el problema no fue la ausencia de normas sobre feminicidio (ya previstas en la legislación penal), sino en la incapacidad del sistema operativo para activar la búsqueda inmediata, coordinar acciones entre autoridades y aplicar la perspectiva de género desde el primer momento.

‍ Una reforma constitucional que no transforma la operación cotidiana del sistema es una reforma incompleta. Y, en última instancia, es una reforma profundamente desconectada de la realidad.

iii. Un llamado político impostergable

El país necesita una reforma, eso es evidente; pero no la que hoy está en la mesa. Mientras la discusión se mantiene en la cúpula, los asesinatos ocurren abajo, en las calles, en edificios donde las cámaras captan a mujeres entrar, pero nunca salir, en fiscalías que piden esperar, en oficinas donde se archivan expedientes sin consecuencias. El caso de Edith Guadalupe deja claro que no bastan cambios en la integración del poder judicial si no se transforma la estructura que sostiene la impunidad.

‍La verdadera reforma debe comenzar por donde ocurren las fallas: fiscalías y policías. Debe incluir mecanismos estrictos de control interno, capacitación certificada en perspectiva de género, protocolos de búsqueda financiados y aplicados sin demora, y sistemas de información que funcionen en tiempo real.

‍Sobre todo, debe reconocer que cada feminicidio es una falla institucional y no solo una estadística más.

‍No se puede hablar de una transformación del Estado mientras las mujeres siguen siendo asesinadas en condiciones que pudieron prevenirse. Si el país quiere una reforma judicial que merezca ese nombre, debe empezar por garantizar lo elemental: que ninguna mujer sea abandonada a su suerte por quienes tienen el deber de protegerla.

‍Edith Guadalupe no murió por falta de leyes. Murió porque el sistema, de principio a fin, llegó tarde. Y porque, hasta ahora, las reformas no han buscado cambiar eso.

‍La urgencia no admite simulaciones: lo que está en juego es la vida de las mujeres, no la arquitectura del poder que ostenta el Estado.

‍REFERENCIAS:

‍Flores Ramírez, P. (2026). El Gobierno presenta una ley general para homologar el delito de feminicidio en todo México. El País. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2026-03-24/el-gobierno-presenta-una-ley-general-para-homologar-el-delito-de-feminicidio-en-todo-mexico.html

‍Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2025). Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2025/doc/cnpje_2025_resultados.pdf

‍Romero Mireles, L. L. (2026). Sólo el 15 por ciento de los casos de feminicidio se judicializaron. Gaceta UNAM. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/solo-el-15-por-ciento-de-los-casos-de-feminicidio-se-judicializaron/