Los que cruzan sin nombre: derechos humanos en tránsito

No estamos perdidas. El viento conoce mi nombre y también el tuyo.

-Isabel Allende, El viento conoce mi nombre

La migración es un fenómeno que afecta a nivel mundial desde hace siglos, originado tanto por momentos cruciales como guerras civiles y mundiales, como por pequeños conflictos que, aunque parecen aislados por estar geográficamente lejos de nosotros, en realidad forman parte de un entramado complejo e interrelacionado que contribuye al fenómeno migratorio global. Isabel Allende, en El viento conoce mi nombre, nos habla de dos países, dos momentos históricos distintos, dos caminos que terminan por convertirse en uno solo. A lo largo de 346 páginas, nos transporta desde la Alemania nazi hasta las guerrillas en El Salvador, y logra mostrar tanto el rostro más cruel de la migración por desplazamiento forzado como las nuevas oportunidades que los dos personajes principales encuentran al huir de sus países. Entre lágrimas y asombros, transmite al lector, a través de la ficción, la realidad de los migrantes que se ven en la extrema necesidad de abandonar todo lo que conocen en busca de una vida mejor.

La migración puede ser voluntaria, sin embargo, en muchos casos se observa la necesidad de migrar, lo que conocemos como desplazamiento forzado, ya sea por violencia estructural, crimen organizado o falta de acceso a servicios básicos, lo cual desemboca en la falta de protección a derechos humanos. México es un país puente que permite la conexión entre el sur y el norte de américa, por lo cual vemos el paso de miles de personas que se han visto obligados a salir de su país de origen y, por si fuera poco, se ven expuestos a atrocidades, violaciones a derechos humanos, a falta de empatía y ayuda humanitaria.

Desafortunadamente México, a pesar de su amplitud y, por otra parte, de su participación en Convenciones y Tratados Internacionales que buscan proteger los derechos humanos de todos aquellos que se encuentren en nuestro país derivado de procesos migratorios, es una nación donde todos los días vemos cómo se violenta física y mentalmente a aquellos que buscan cruzar. Las políticas migratorias restrictivas en algunos países han empeorado la situación o bien no han contribuido lo suficiente a que los traslados sean lo más seguros posible. A pesar de que la migración en México está regulada por una serie de ordenamientos jurídicos como la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre otros, no ha sido suficiente para proteger a los migrantes, sobre todo a las mujeres y niños, siendo parte de los grupos más vulnerables.

Una solución jurídica frente a esta crisis humanitaria que revela hoy las tensiones entre soberanía nacional y derechos humanos es el asilo estatal como forma de protección internacional. Idealmente, se debe garantizar el asilo siguiendo el principio de non-refoulement, el cual establece la prohibición a los Estados de expulsar o devolver a una persona a su país de origen donde su vida o libertad corren peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. Este principio forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y, es considerado como una norma consuetudinaria. De hecho, nuestro país está obligado a seguir dicho principio, pues se incluye en la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por México. Aquí vislumbramos la importancia de las relaciones internacionales y los vínculos jurídico-políticos que obligan a las naciones a cumplir las disposiciones y, sobre todo proteger a sus ciudadanos a la luz de los tratados y códigos que buscan velar por sus Derechos Humanos.

Hoy, vemos como México atraviesa por una crisis migratoria más evidente que nunca, por tanto, es menester que tanto la ciudadanía como la autoridad actúe ante la violación de derechos humanos de todo aquél que se atreve a cruzar en busca de una mejor vida. Desde una perspectiva jurídica, México incumple con su deber como nación sujeta a legislación aplicable, pero desde un punto de vista moral, atenta contra la integridad personal y dignidad de los migrantes.

Como ciudadanos de un país importador y exportador de migrantes, debemos reconocer que quienes llegan para quedarse o van de paso por México, tienen nombre y apellido y merecen ser reconocidos como tal. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Un primer paso sería involucrarnos más, quitar el estigma y los estereotipos de que los migrantes vienen a robar y buscar que las autoridades fortalezcan los ordenamientos jurídicos, volviéndolos más accesibles para todas y todos, de tal manera lograr una mayor compresión y cerrar la brecha entre nosotros y los que cruzan.