Violencia institucional y maternidad forzada en niñas: una forma de tortura en México

En México, el peligro no se esconde en callejones oscuros. Se sienta en la mesa, lleva el apellido, tiene llaves de la casa. Los abusadores no son figuras monstruosas ajenas a la comunidad: son padres, tíos, abuelos, maestros, pastores. Son personas que deberían cuidar y que, en cambio, ejercen poder y violencia sobre los cuerpos infantiles.

El 90% de los abusos sexuales infantiles son perpetrados por alguien cercano, según la psicóloga Paula Aguilar. Y, sin embargo, la respuesta institucional a esta violencia rara vez protege a las víctimas. En muchos casos, cuando una niña queda embarazada producto de una violación, se le niega el acceso efectivo al aborto, incluso cuando la ley lo permite. Esta negación no es solo una falla del sistema: es violencia institucional.

La violencia institucional ocurre cuando las instituciones del Estado fallan en proteger, garantizar o hacer cumplir los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. En el caso de las niñas víctimas de violencia sexual, esta violencia se expresa en omisiones legales, negligencia médica, revictimización judicial y en la imposición de embarazos forzados. Negar el aborto en estos contextos no es un descuido: es prolongar la agresión.

México fue en 2021, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país del mundo en el que más se abusó sexualmente de menores. Esta realidad se agrava cuando se cruzan datos como los reportados por El País: más de 56,000 niñas menores de 15 años dieron a luz en un solo año. Muchas de ellas fueron víctimas de violación por parte de familiares, maestros, vecinos o conocidos. En lugar de recibir acompañamiento, muchas son forzadas a continuar sus embarazos por obstáculos burocráticos, prejuicios morales o decisiones institucionales que priorizan la estabilidad del sistema sobre la salud de las niñas.

Aunque en México el aborto es legal en casos de violación, la mayoría de las niñas que enfrentan embarazos producto de abuso no acceden a este derecho. No porque la ley no lo permita, sino porque el sistema entero opera para impedirlo. En la práctica, el acceso está bloqueado por médicos que se niegan a actuar, autoridades que exigen requisitos ilegales y servicios de salud que no informan. La objeción de conciencia, la revictimización, el estigma social y la falta de acompañamiento institucional hacen que este derecho exista sólo en el papel. El resultado es que niñas que deberían ser protegidas terminan obligadas a continuar embarazos forzados, muchas veces consecuencia de abuso intrafamiliar.

Forzar a una niña que ha sido violada —en muchos casos por un familiar— a continuar con un embarazo no deseado es una forma extrema de revictimización. Como señala el Comité de Derechos Humanos de la ONU: “Forzar a niñas que fueron víctimas de violación a soportar embarazos no deseados es más que una negación de la elección; es una violación del derecho a una vida con dignidad, un acto que equivale a tortura y un fracaso en la protección de las más vulnerables”. Esta declaración, realizada en 2025 ante los casos de Ecuador y Nicaragua, encuentra eco en México. La tortura no siempre lleva uniforme: a veces se viste de omisión institucional, de objeción de conciencia, de silencio familiar.

La investigadora L. Casas Becerra lo ha documentado con contundencia: América Latina es la única región del mundo donde los nacimientos en niñas menores de 15 años van en aumento. El embarazo infantil, lejos de ser un accidente, es una consecuencia sistemática de la violencia patriarcal y la falta de acceso a derechos. La imposición de la maternidad forzada en niñas es una forma institucionalizada de violencia, una estrategia de control sobre sus cuerpos.

Obligar a una niña a continuar un embarazo derivado de una violación no solo la expone a riesgos físicos y emocionales: la coloca en un circuito institucional que desestima su dolor y refuerza la violencia original. Lejos de garantizar su protección, el Estado se convierte en agente que facilita la repetición del trauma. Esta situación no ocurre por desconocimiento, sino con pleno conocimiento de sus consecuencias, documentadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Esta violencia no es accidental ni excepcional. Es sistemática, está documentada y sostenida por omisiones del Estado mexicano. A través de la objeción de conciencia médica sin regulación, la desinformación, el estigma, la negligencia de autoridades judiciales y de salud, el sistema no solo falla: agrede.

No estamos hablando solamente de derechos reproductivos. Estamos hablando de niñas que, tras sobrevivir a una agresión sexual, enfrentan una segunda forma de violencia cuando el Estado las obliga a gestar y parir. La maternidad forzada no es una falla burocrática: es una forma de tortura institucional sostenida por la inacción, el miedo y la impunidad. El silencio de las instituciones no es neutral. Es una decisión política que perpetúa la violencia contra las niñas en uno de sus formatos más crueles.

Asimismo, se debe fomentar una conciencia colectiva que desnaturalice el embarazo infantil, visibilice su vínculo con la violencia sexual y exija una respuesta estatal centrada en la protección de las niñas, no en el castigo de sus cuerpos. Reconocer que la maternidad forzada es una forma de tortura institucional implica también transformar las prácticas culturales, sociales y políticas que la perpetúan. Es urgente nombrar esta violencia y exigir justicia desde lo estructural, con una voluntad política que coloque la vida y la dignidad de las niñas en el centro.

Referencias

Aguilar, P. (2025). “La violencia sexual infantil es un problema de salud pública en México que nadie está atendiendo.” *El País*. Recuperado de: [https://elpais.com/mexico/2025-02-20/paula-aguilar-psicologa-la-violencia-sexual-infantil-es-un-problema-de-salud-publica-en-mexico-que-nadie-esta-atendiendo.html](https://elpais.com/mexico/2025-02-20/paula-aguilar-psicologa-la-violencia-sexual-infantil-es-un-problema-de-salud-publica-en-mexico-que-nadie-esta-atendiendo.html)

Casas Becerra, L. (2019). *They Are Girls, Not Mothers: The Violence of Forcing Motherhood on Young Girls in Latin America*. Health and Human Rights Journal. Recuperado de: [https://content.sph.harvard.edu/wwwhsph/sites/2469/2019/12/Casas.pdf](https://content.sph.harvard.edu/wwwhsph/sites/2469/2019/12/Casas.pdf)

Comité de Derechos Humanos de la ONU (2025). “Ecuador and Nicaragua: Forced pregnancy and motherhood violated rights of girl.” *OHCHR*. Recuperado de: [https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/ecuador-and-nicaragua-forced-pregnancy-and-motherhood-violated-rights-girl](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/ecuador-and-nicaragua-forced-pregnancy-and-motherhood-violated-rights-girl)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2021). Datos sobre abuso sexual infantil en México. Citado en *El País*. Recuperado de: [https://elpais.com/mexico/2025-07-13/miles-de-ninas-dan-a-luz-en-mexico-cada-ano-asi-son-los-datos-estado-a-estado.html](https://elpais.com/mexico/2025-07-13/miles-de-ninas-dan-a-luz-en-mexico-cada-ano-asi-son-los-datos-estado-a-estado.html)

Imagen del Golfo (2025). “El embarazo infantil en México: una deuda pendiente con las niñas.” *Imagen del Golfo*. Recuperado de: [https://imagendelgolfo.mx/opinion/El-embarazo-infantil-en-Mexico-una-deuda-pendiente-con-las-ninas-20250702-0006.html](https://imagendelgolfo.mx/opinion/El-embarazo-infantil-en-Mexico-una-deuda-pendiente-con-las-ninas-20250702-0006.html)