Entre desinformación, caos y campañas: Las próximas elecciones judiciales ¿realmente son un proceso democrático?

El pasado jueves 10 de abril, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se llevó a cabo un conversatorio con cuatro candidatos a ministros para las próximas elecciones judiciales, las cuales serán celebradas el primero de junio del presente año. La ciudadanía deberá elegir 9 ministros de 64 candidatos, este es el primer cambio en la estructura de la Suprema Corte de la Nación, pues hasta el día de hoy son 11 ministros. 

Entre los candidatos que participaron como exponentes se encontraban Olivia Aguirre Bonilla, identificada con el número 1; Rebeca Aladro Echeverría, con el número 62; Silvia Escudero Mendoza, con el número 7; e Irvin Espinosa Betanzo, con el número 41. Cada uno presentó sus propuestas con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía, por lo que a continuación se expondrán y analizarán brevemente.

En primer lugar, participó Olivia Aguirre Bonilla, litigante independiente en materias civil, familiar, penal y de amparo; doctora en Derechos Humanos y Derecho Judicial; y profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su propuesta central fue la descentralización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de acercar a la ciudadanía a los ministros. Para ello, propuso que el Pleno de la Corte sesione una vez al mes en distintas entidades del país, trasladando toda la estructura, por ejemplo, a Ciudad Juárez, con la intención de generar una mayor cercanía con la población.

Ante la pregunta evidente sobre cómo financiar una medida de tal magnitud, la candidata argumentó que, al reducirse el salario de los ministros, se liberarán recursos suficientes para costear los traslados y la logística necesaria. No obstante, dicha propuesta presenta serias dificultades prácticas: el traslado mensual de ministros, personal, equipo técnico y administrativo, así como los gastos de viáticos y la coordinación institucional, resultan altamente complejos y costosos. Además, no se trata de una solución sostenible ni innovadora en términos de impacto real sobre el acceso a la justicia.

Se considera que hay alternativas más viables, como transmitir en vivo las sesiones del Pleno en espacios públicos, por ejemplo, el Zócalo capitalino, ello podría ser más eficiente y menos costoso, sin perder el objetivo de promover la cercanía entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Asimismo, podría haber sesiones informativas para que la gente realmente conozca la función esencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En segundo lugar, participó Silvia Escudero, mediadora privada certificada, especializada en la resolución de conflictos en materia civil, mercantil y familiar; egresada de la Escuela Libre de Derecho y con una trayectoria enfocada en el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad. Su propuesta se centró en garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, aunque no especificó los mecanismos concretos para alcanzar dicho objetivo.

Asimismo, planteó el fortalecimiento de la justicia restaurativa en conjunto con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (en adelante, MASC), con el fin de resolver los conflictos de manera más eficaz. Es evidente que los MASC representan una herramienta valiosa que ha ido consolidándose dentro del sistema jurídico, y su fortalecimiento podría convertirse en un mecanismo clave para lograr una justicia más accesible y eficiente. También propuso juzgar con perspectiva de género y mantener un enfoque especial en la infancia y en personas con discapacidad.

En tercer lugar, Rebeca Aladro Echeverría se desempeña actualmente como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, así como representante del Poder Judicial en dicha entidad. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y cuenta con dos maestrías: una en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y otra en Medios Alternos de Solución de Conflictos, por el Instituto de Profesionalización del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Su formación académica y su experiencia institucional la respaldan como una figura sólida dentro del ámbito judicial estatal.

Su propuesta se centra en acercar la justicia a la ciudadanía a través del fortalecimiento de los MASC. Plantea una reforma a la justicia federal que permita transitar de lo local a lo federal de manera más eficiente, evitando problemas en juzgados y tribunales colegiados, con el objetivo de agilizar los procedimientos y ofrecer respuestas más rápidas. Asimismo, promueve la incorporación de la oralidad en los juicios, como ya ocurre en el ámbito procesal penal, y propone que la impartición de justicia tenga un enfoque más humano, reconociendo y visibilizando tanto a las personas justiciables como a quienes imparten justicia. Su visión apunta a un sistema judicial renovado, más cercano y sensible. Dada su amplia trayectoria dentro del Poder Judicial, es evidente que la magistrada conoce a fondo el funcionamiento tanto interno como externo de la institución, lo cual podría permitirle estructurar un cambio real tras años de experiencia en la carrera judicial.

En cuarto y último lugar participó Irving Espinosa Betanzo, abogado y actual magistrado anticorrupción en la Ciudad de México. Su propuesta busca un cambio de paradigma en la manera en que se concibe el derecho, alejándose del formalismo jurídico tradicional. Sostiene que la legitimidad social es lo que verdaderamente da contenido a las normas jurídicas. En el plano político, planteó como prioridades el combate a la corrupción, la transformación del régimen y la erradicación del nepotismo. Estos objetivos resultan particularmente llamativos considerando el contexto político actual y el papel del partido Morena —al cual el magistrado se ha declarado afín— en la designación de cargos públicos a lo largo del sexenio. Al igual que los demás candidatos, expresó su intención de acercar la Suprema Corte a la ciudadanía; no obstante, no ofreció detalles concretos sobre cómo lograría este objetivo en la práctica.

Con ello basta para cuestionarnos ante la nueva realidad de la justicia en México, ¿Realmente es un proceso democrático o es otra vil jugada política para favorecer a quienes están en el poder? ¿Es cierto que por medio de estas campañas se acerca la gente a la justicia? Y, en todo caso, ¿se cumplirán las promesas hechas en campaña? Pareciera ser que no hay claridad respecto a cómo se llevarán a cabo las próximas elecciones, lo cual deja mucho que desear respecto a la Reforma Judicial de 2024. Esperemos exista separación entre justicia y poder económico y político. El poder judicial no debe ser sujeto de politización, sino de seguridad jurídica, ¿veremos eso a partir del 1 de junio?